El 70% cree que existen las denuncias falsas.

Dos de cada tres mujeres expresan esa misma opinión.

Un informe realizado por el Instituto DYM concluye que el 70% de los españoles opina que existen falsas denuncias de violencia de género. El estudio aborda distintas cuestiones de la situación actual del divorcio y las relaciones familiares en España y ha sido elaborado a partir de 2000 encuestas, entre hombres y mujeres de entre 16 y 75 años, de las comunidades autónomas de la Península y Baleares.

La amplitud de la muestra, comparable a los barómetros mensuales del C.I.S., le confiere un nivel de confianza del 95.5% y un margen de error inferior al 2,2 %.

Revela el estudio que el 80% es partidario de la custodia compartida entre el padre y la madre en los casos de divorcio con hijos menores, porcentajes que se elevan al 86% en el área metropolitana de Madrid y al 89% en el País Vasco. Entre hombres y mujeres la custodia compartida es preferida en todo caso como primera opción, con pequeñas diferencias de unos cuatro puntos, ligeramente superiores en los entrevistados varones.

Esta situación contrasta con la realidad actual de la legislación vigente. Tras la ley de “divorcio-express” de 2005, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial revelan que la custodia de los hijos es atribuida por los tribunales a la madre en exclusiva en torno al 90% de los casos, al padre entre el 2 y el 3%, y que sólo en caso de acuerdo entre los dos progenitores se otorga con carácter compartido o alterno entre ellos, en menos del 7% de los divorcios.

Respecto a la vivienda de la pareja divorciada, un 40% es partidario de la venta inmediata y reparto del precio entre los dos, mientras que el 56% considera que, habiendo hijos, debe conservarse mientras éstos no sean independientes. La crisis del mercado inmobiliario y las dificultades para vender la vivienda sin pérdidas parecen pesar sobre tal división de opiniones: en la zona metropolitana de Madrid los partidarios de que no se venda la casa pese al divorcio ascienden hasta el 71.2%,

Sobre la valoración de la legislación vigente desde el punto de vista del principio de igualdad, el estudio concluye que la opinión de la sociedad es mayoritariamente negativa. Un 63% cree conveniente la reforma de la legislación de divorcio, y casi idéntico porcentaje opina que el hombre está discriminado respecto a la mujer por la legislación de familia promulgada por los últimos gobiernos socialistas. Sólo el 10% es partidario de que la ley siga como está. En este tema hay diferencias por razón de sexo y de comunidad autónoma de residencia. Hay veintiún puntos de diferencia entre los hombres que se sienten discriminados (73,5%), respecto las mujeres que admiten que existe dicha desigualdad (51,9%), y el sesgo se acentúa en los tramos de edad con mayor incidencia de divorcios (35-55 años).

En la mayoría de las comunidades autónomas el porcentaje de los que consideran que la vigente ley es discriminatoria contra el hombre se encuentra en torno al 66% de media, mientras en Cataluña baja al 52%. El dato sorprende, pues aunque Cataluña tiene promulgado su propio Código de Familia con variantes respecto de la legislación estatal, las estadísticas de los tribunales catalanes arrojan datos no muy distintos a los del resto del Estado en cuanto a atribuciones de custodias de hijos a mujeres y obligaciones de pago de pensiones a hombres.

El resultado más llamativo es el relativo a la aplicación de la polémica legislación de violencia de género. Es casi siete puntos superior el porcentaje que cree que “algunas mujeres ponen falsas denuncias de violencia de género para obtener ventajas en sus procesos de divorcio” (70%), que los que piensan que hay que reformar la actual legislación de divorcio (63%). En Andalucía la proporción de quienes desconfían de la legitimidad de algunas denuncias llega al 80%. La diferencia de resultados entre hombres y mujeres es claramente inferior en este punto a la que existe en cuanto a la sensación de discriminación legal: Un 75,6% de hombres frente a un 64,4% de mujeres creen que existen falsas denuncias. El porcentaje de suspicaces aumenta en proporción inversa al nivel socio-económico de los encuestados: del 64% de los que se declaran de renta “media-alta”, al 73,1% de los que se consideran de renta “baja”.

Los datos anteriores contrastan con los oficiales facilitados por el Observatorio Estatal sobre Violencia de Género: El informe elaborado en Octubre de 2009 por el “Grupo de expertos y expertas del Consejo del Poder Judicial” para dicho órgano, reiteradamente invocado con posterioridad, sobre el análisis de las sentencias de todas las audiencias provinciales durante 15 meses, la proporción hallada de falsas denuncias fue sólo del 0,19%.

Guadalupe De La Fuente

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